«Capricho No. 1».

En la calle cuyo nombre sirve de título a este comentario, entre la Avenida de México (antes Cristina) y Vía Blanca, municipio Centro Habana, La Habana, está ubicada la que fuera una estación de policía antes de 1959, hoy el Departamento Nacional de Registro de Vehículos del Ministerio del Interior donde, entre otras cosas, se obtendrán los documentos oficiales que acreditan la propiedad de los vehículos de motor que existen en este pequeño país, un trámite inexcusable para la transmisión de la propiedad de esos bienes entre personas naturales cubanas.
¡Facilísimo! De acuerdo a lo establecido en el nuevo Decreto No. 292 del Consejo de Ministros, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, todos los cubanos que posean un vehículo de motor en la isla tendrán que pasar alguna vez por esta dependencia. Pienso en este momento en los compatriotas del extremo este del país, ya que la entrega del referido documento demora 72 horas.
Ayer en la mañana en el citado departamento había un hervidero de personas. Allí existe un despacho con un Oficial de Información -quien aparentemente tiene otras muchas funciones- por cuya inflexible atención hay que esperar demasiado tiempo. Es notable que aunque todas estas «regulaciones» estaban anunciadas desde hace meses, aún en este momento las autoridades del Ministerio del Interior correspondientes no hayan contemplado incrementar el personal para atender las innumerables interrogantes que el proceso ha suscitado.
Lo primero que habría que señalar en relación al controvertido y anhelado Decreto es que patentiza que el Gobierno cubano ha estado violando flagrantemente -al menos durante los últimos treinta y cinco años- el Artículo 21 de la Constitución de la República. No obstante, María Esther Reus, la Ministra de Justicia, informó el pasado 30 de septiembre que este histórico hecho marca un punto de inflexión -el clásico y no pocas veces injusto borrón y cuenta nueva.
La tercera acepción que da el Diccionario de la Real Academia Española al vocablo flexible es «que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o a trabas». Acaso a esto se refiere el Decreto 292. Opino que, de acuerdo a lo visto ayer y conociendo todo lo que conocemos sobre el desenlace de las improvisaciones revolucionarias, detrás de la supuesta flexibilización se cuecen otros pasteles.

«Adolescencia en la UMAP».

El asesinato del Presidente Kennedy en el otoño de 1963 afectó la vida de muchos cubanos. Uno de ellos, el niño Roberto, enarboló en su casa en señal de luto una bandera cubana con un lazo negro. Esa sencilla demostración motivaría una despiadada venganza gubernamental.
«Solo tenía 16 años cuando fui llamado al Servicio Militar Obligatorio el día 16 de junio de 1965», empezó relatando mi vecino Roberto. Fue citado para presentarse en el antiguo Cuartel de la Guardia Rural del Quinto Distrito, ubicado en el actual municipio Arroyo Naranjo. De allí, los trasladaron hacia la provincia de Camagüey, a una de las recién creadas Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), enclavada en la finca La Eduviges, cerca del central azucarero Venezuela.
El 14 de febrero de 1966 lo capturaron en su casa porque había «desertado» tras unos días de permiso. «Fui conducido con otros mas para el antiguo Palacio Presidencial. Ahí estuvimos unas horas. Después, nos llevaron para La Cabaña. Estuve en una galera durmiendo en el suelo sin nada y pasando frio, la comida malísima (…) el baño era una lata de chorizo de agua por persona, con eso nos teníamos que bañar. A la hora de dormir éramos tantos que dormíamos pegados unos con otros».
Pasados unos meses fue trasladado nuevamente hacia Camagüey. En el correccional Luis Ramírez López le enjuiciaron y condenaron a cinco años. Más tarde, estuvo en un lugar nombrado Anguila y al tiempo en otro, cerca del central azucarero Lugareño, donde cortó caña de azúcar y marabú. Allí, un día varios reclutas regresaban de una fiesta popular y fueron baleados por elementos de la guarnición. Uno fue herido en un muslo y el otro en la ingle, quedando impotente, recuerda Roberto.
Trasladados hacia el vivac de Camagüey, luego fueron encerrados en una cárcel provincial. Después, lo condujeron hacia el Castillo del Príncipe, en La Habana. Pasados unos meses fue uno de los 1500 presos enviados en el mes de diciembre de 1967al centro de reeducación Las Margaritas, ubicado en Manatí, entonces provincia de Oriente, donde estalló una revuelta por el agotador trabajo y los tratos infrahumanos. El incidente, según Roberto, dejó un saldo de varios muertos y heridos entre reclusos y guardianes.
Conducido otra vez hacia el Castillo del Príncipe, recibió permiso para descansar tres días junto a su familia. Fue enviado a la granja Bello Indio, ubicada en Güines, en la actual provincia Mayabeque, donde recibió la libertad y fue desmovilizado del ejército por un decreto del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el 8 de noviembre de 1968.
«Yo era un niño y mi juventud la perdí gracias a las leyes de mi país». Así termina el testimonio de mi viejo amigo. El gobierno cubano niega que existieran en la isla campos de trabajos del tipo estalinistas.