«Octubre 2010. La ofensiva del primer mundo contra la enfermedad cubana».

El mantenimiento de la política que condiciona las relaciones entre el régimen de La Habana y Europa fue una decisión aplaudida dentro y fuera de Cuba. No obstante, se vislumbra que la Posición Común, como el embargo de los Estados Unidos, se convertirá en una política incomprendida hasta por sus propios gestores.

En esa desaguisada labor se afana el gobierno socialista español. Las declaraciones de la recién estrenada Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, quien dijo festivamente que la Posición Común ha quedado superada, y del eurodiputado de izquierda Willy Meyer, quien expresó estar decepcionado por el acuerdo de los 27 cancilleres de la Unión, tomado el pasado 25 de octubre, gravitan contra los derechos de los cubanos de a pie.

En sentido general la sustitución de Miguel Ángel Moratinos no significa que ha cambiado la percepción del gobierno español respecto al caso cubano. El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, manifestó al corresponsal de BBC Mundo, Fernando Ravsberg, que la Posición Común hacia Cuba «es la única que se mantiene con un país latinoamericano».

Hecha la declaración de esa manera, pareciera una casualidad que Europa sancione a la única dictadura de Latinoamérica, que es también la más longeva de la era moderna. El gobierno español de Zapatero ha pasado por alto durante los últimos años los motivos que indujeron a Europa a decretar la Posición Común hacia Cuba. El Premio Sajarov 2002 y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, denunció el propio lunes, en medio del análisis europeo, que miembros de su grupo sufrían una desmedida represión que impidió que se reunieran pacíficamente en Santiago de Cuba.

Las amenazas de encarcelamiento a Payá y sus seguidores son pruebas fehacientes de que Raúl Castro no mintió al advertir que no habrá tregua con los disidentes. Por otra parte, mientras en Cuba no ocurran cambios en las leyes que garanticen la seguridad de los opositores, el régimen siempre tendrá a mano presos políticos para chantajear a Estados Unidos, a Europa y cualquiera que le haga sombra. Así ha sido en los últimos 50 años y será mientras exista la dictadura y existan en la arena internacional quienes la consientan.

El gobierno de Barack Obama también decidió mantener el embargo contra el régimen castrista. El Presidente declaró el pasado 19 de octubre que «antes de que adoptemos otras medidas, queremos ver si realmente el régimen de los Castro habla en serio sobre un enfoque diferente». Pero, como declarara acertadamente seis días después Jorge Moragas, coordinador de la Presidencia y de Relaciones Internacionales del PP español, «en Cuba no hay ninguna reforma política digna» que pueda llamarse ni considerarse cambio.

La represión y el acoso a los disidentes, el despido de 1,3 millones de empleados del Estado y la centralización económica, la corrupción rampante generalizada, los desvíos de recursos nacionales para el sostenimiento de proyectos en los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA)y el desconocimiento de las libertades y propiedades de la ciudadanía, alejan a la isla de modelos como los de Viet Nam y China. En esos y muchos otros sentidos las recientes decisiones de Estados Unidos y Europa respecto a Cuba son coherentes.